Aprobada Ley de protección del denunciante
La Ley 2/2023, de 20 de febrero, reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción fue aprobada el 16 de febrero en el Congreso, con las enmiendas añadidas por el Senado, y ha sido publicada en el BOE del 21 de febrero. Procede de la conocida como Directiva “Whistleblower“, que regula los comúnmente llamados “canales de denuncias”.
La norma incluye una sanción para el propio hecho de carecer de “canal de denuncias” por parte de las entidades obligadas a implantarlo, con sanciones que oscilan entre los 600.001 y el millón de euros.
Su entrada en vigor se prevé para el 13 de marzo, a los 20 días de publicarse en el BOE. Las organizaciones obligadas a implantar los canales deberán implementarlos, conforme a la nueva Ley, para el 13 de junio de 2023; si bien se atrasa a 1 de diciembre de 2023 para empresas de menos de 249 trabajadores y municipios de menos de 10.000 habitantes.
Con relación al sector público, la ley ha extendido en toda su amplitud la obligación de contar con un Sistema interno de información. En consecuencia, han de configurar tal Sistema las Administraciones públicas, ya sean territoriales o institucionales, las autoridades independientes u otros organismos que gestionan los servicios de la Seguridad Social, las universidades, las sociedades y fundaciones pertenecientes al sector público, así como las corporaciones de Derecho Público. En el mismo sentido, se impone también contar con un Sistema interno de información a todos los órganos constitucionales y de relevancia constitucional, así como aquellos mencionados en los Estatutos de Autonomía
Las entidades privadas estarán obligadas a configurar un Sistema interno de información todas aquellas empresas que tengan más de cincuenta trabajadores. En los grupos de empresas será la sociedad dominante la que pueda implantar los principios y políticas que inspiren la organización del Sistema para la adecuada organización y coordinación de los canales en cada una de las entidades que forman parte de aquel.
No obstante, con independencia del número de empleados, se obliga a contar con un Sistema interno de información a todos los partidos políticos, sindicatos, organizaciones empresariales, así como a las fundaciones que de los mismos dependan, siempre que reciban fondos públicos para su financiación.
Aprobación de la Estrategia Nacional de Contratación Pública
De conformidad con lo previsto en el artículo 334 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, se ha publicado la Estrategia Nacional de Contratación Pública 2023-2026 (ENCP), aprobada en pleno el pasado 28 de diciembre de 2022 por la Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la Contratación (OIReScon).
La ENCP va dirigida a todo el sector público, incluyendo los poderes adjudicadores y entidades adjudicadoras del sector público estatal, autonómico y local, así como a las de otros organismos y entidades que pertenezcan a éstos y no tengan la naturaleza de poderes adjudicadores.
